La Clínica Jurídica de Libertades Informativas presenta Amicus Curiae ante la Corte IDH por el caso “Flores Bedregal y otras vs. Bolivia”

La Clínica Jurídica de Libertades Informativas presenta Amicus Curiae ante la Corte IDH por el caso “Flores Bedregal y otras vs. Bolivia”

La Clínica Jurídica de Libertades Informativas y Transparencia de la Universidad del Pacífico presentó un Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos acerca del caso “Flores Bedregal y otras vs. Bolivia”. Luego del golpe de Estado de las Fuerzas Armadas en Bolivia, militares irrumpieron en el edificio del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE). Uno de los desaparecidos fue el militante Juan Carlos Flores Bedregal, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Su familia ha seguido distintos procesos para hallarlo, sin embargo, solo han recibido respuestas negativas, tardías e injustificadas; lo que ha ocasionado la vulneración del derecho de acceso a la información y otros derechos conexos.

#INFODEMIA: ¿Informar o condenar?

#INFODEMIA: ¿Informar o condenar?

#INFODEMIA [1]: ¿Informar o condenar?

La apuesta por un Estado educador, en lugar de represor, para combatir el fenómeno de la desinformación

Por: Thais Arroyo, Phiero Montero, Guadalupe Ruiz y Jacqueline St. Laurent

¿Cuántas personas fueron denunciadas penalmente por difundir información falsa sobre el coronavirus? Cero… felizmente.

La difusión de noticias tan absurdas como falsas ha impactado negativamente en la salud de los ciudadanos peruanos. Claros ejemplos de ello fueron el fomento de la ingesta de dióxido de cloro para tratar el coronavirus y el rechazo hacia las antenas de telefonía por su supuesta capacidad de transmitir este patógeno. Muchos, guiados por la incertidumbre y el pánico frente a una cifra exorbitante de contagiados, no cuestionaron la veracidad de dicha información y actuaron en base a ella, poniéndose -aún más- en riesgo.

Ante esta situación, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio del Interior comunicaron -a través de sus redes sociales- que denunciarían a quienes propaguen fake news referidas a la pandemia. [2] Esta no sería la primera vez que se realiza un pronunciamiento de esta índole. En el 2017 [3] se anunció que se denunciaría a quienes hubieran compartido reportes sobre saqueos inexistentes, como consecuencia del Fenómeno de El Niño Costero. [4] En ambos casos, las autoridades sostenían la comisión del delito de grave perturbación a la tranquilidad pública, tipificado en el Artículo 315-A [5] del Código Penal. [6]

Frente a estas afirmaciones, la Clínica Jurídica de Libertades Informativas y Transparencia presentó dos solicitudes de acceso a la información dirigidas a ambos ministerios con la intención de conocer cuántas denuncias se presentaron desde el año 2017 hasta la actualidad. Las respuestas obtenidas [7] coinciden: no existe data sobre proceso penal alguno con referencia a la difusión de información falsa en el periodo señalado.

Al parecer, fue un bluff y, al momento de analizar el caso, las autoridades gubernamentales entendieron que la vía penal no era la adecuada; y desde la Clínica Jurídica de Libertades Informativas respaldamos esa decisión. Las sanciones penales no solo limitan la libertad de expresión, sino que también evitan que la información falsa sea desmentida dejando a muchas personas en la ignorancia. Además, no hay que dejar de considerar que, al castigar la difusión de noticias falsas, mucha información verdadera también se perderá, inhibida por el temor al error y al castigo subsecuente. Es el llamado chilling effect [8] contra la libertad de expresión.

Así, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH [9] recomienda evitar la penalización de las fake news, debido a que su tipificación resulta vaga y ambigua. Además, indica que iniciativas como esta tienen “un fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información por miedo a sufrir un proceso penal”. [10]

En esta línea, distintos trabajos de investigación [11] que han abordado el fenómeno de las fake news han determinado que estas deben ser combatidas con un intercambio libre de ideas y una mayor educación del público. Esto, como consecuencia de la capacidad que deben y necesitan desarrollar los lectores para detectar este tipo de noticias con contenido malicioso. A partir de ello, es esencial saber ubicar información verídica que sirva como base para contrastar e identificar las noticias falsas, evitando sus efectos nocivos.

Contrariamente a estas recomendaciones, en varios países se ha optado por combatir a la desinformación a través de la persecución penal. En Argentina, por ejemplo, se denunció al médico Donaldo Borelli por anunciar la existencia de casos positivos de coronavirus en su región sin prueba de ello. [12] A pesar de haber alarmado a muchos, dicho anuncio fue desacreditado a partir de lo establecido por cifras oficiales, las cuales no reportaban casos confirmados hasta ese momento. La difusión responsable de mejor información logró corregir la falsedad, una solución que parece, a todas luces, más idónea y proporcional que una pena de hasta seis años de prisión. [13]

Por ello, consideramos que la mejor manera de combatir esta infodemia no es a través de una sanción penal. La medida idónea para mitigar los efectos de las noticias falsas es a través de un flujo ininterrumpido de información y de la inversión en alfabetización digital, para que las personas estemos en mejor capacidad de detectar y combatir la desinformación con información certera.

Si (parafraseando a George Orwell) en épocas de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, ¿por qué no apostar por más y mejor información en tiempos de infodemia?

 

[1] Organización Panamericana de la Salud (2020).  Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID-19. Hoja Informativa No. 5. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52053/Factsheet-Infodemic_spa.pdf?sequence=14&isAllowed=y

 

[2] Diario Oficial El Peruano. (8-04-2020). Coronavirus: cárcel hasta por 6 años para quien difunda noticias falsas. Editora Perú. https://elperuano.pe/noticia/94132-coronavirus-carcel-hasta-por-6-anos-para-quien-difund a-noticias-falsas

 

[3] Ministerio del Interior [MininterPeru]. (20-03-2017). El ministro del Interior, @CarlosBasombrio , anunció que denunciarán a más de 20 personas por difundir rumores sobre saqueos [Ministerio del Interior]. Twitter. https://twitter.com/i/status/843809476100657152

 

[4] El Comercio (2017). Hay 24 denunciados por difundir falsas noticias de saqueos. El Comercio. Disponible en: https://elcomercio.pe/lima/hay-24-denunciados-difundir-falsas-noticias-saqueos-407233-noticia/?ref=ecr

Desastre en Perú por los efectos del fenómeno El Niño Costero. (19-03-2017). La Nación. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/desastre-en-peru-por-los-efectos-del-fenomeno-el-nino-costero-nid1995451/

 

[5] Código Penal Peruano

Artículo 315-A. Delito de grave perturbación de la tranquilidad pública

El que perturbe gravemente la paz pública usando cualquier medio razonable capaz de producir alarma, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Se considera perturbación grave a todo acto por el cual se difunda o ponga en conocimiento de la autoridad pública, medios de comunicación social o de cualquier otro por el cual pueda difundirse masivamente la noticia, la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados.

Si el agente actúa en calidad de integrante de una organización criminal que, para lograr sus fines, cualesquiera que sean, utiliza como medio la amenaza de la comisión del delito de terrorismo, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años.

 

[6] Ministerio del Interior [MininterPeru]. (16-03-2017). Mininter denunciará por delito contra la tranquilidad pública a quienes difundan información falsa que genere zozobra en redes sociales. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/MininterPeru/status/842410052807987201

 

[7] MINJUS: OFICIO N° 1053 – 2020 – PPMJDH:  “Al efectuar la búsqueda por la tipicidad del delito y/o falta contra la Tranquilidad Pública, teniendo como punto de partida el 01 de enero de 2017 hasta la fecha, no se ha podido encontrar proceso alguno.”

MININTER: OFICIO N° 2425-2020-IN-PEOP: “No obran en los archivos de esta Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público denuncias ante el Ministerio Público o el Poder Judicial con referencia a la difusión de la información falsa según el artículo 315-A o el artículo 452 del Código Penal en el periodo señalado.”

 

[8] Rivera Serrano, Alfonso. (2017). El Efecto Intimidatorio o “Chilling Effect”. Derecho & Sociedad. Nº. 49. pp. 249-261.

 

[9]Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019). Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales Organización de Estados Americanos. p. 23. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf

 

[10] Ibid.

 

[11] Facultad de Derecho James E. Rogers de la Universidad de Arizona (2017). Identifying and Countering Fake News. Arizona Legal Studies Discussion Paper No. 17-15.

 

[12] El Ciudadano Necochea (2020). El médico Donaldo Borelli, denunciado por difundir noticias falsas sobre coronavirus. https://elciudadanonecochea.com.ar/2020/03/25/el-medico-donaldo-borelli-denunciado-por-difundir-noticias-falsas-sobre-coronavirus/

 

[13] Artículo 211 del Código Penal argentino: Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.

Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años.

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO / 10 AÑOS FACULTAD DE DERECHO
Encuéntranos en
FACEBOOK
© 2018 Universidad del Pacífico. Todos los derechos reservados